Las cuatro inconsistencias del préstamo Banco Agrario a Navelena

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De acuerdo con información de El Tiempo, la auditoría interna que, por orden del presidente del Banco Agrario, Luis Enrique Dussán, y de su junta directiva, reconstruyó el trazado del crédito, bajo la mirada de las autoridades se estableció que con un correo enviado por el vicepresidente de la Banca Comercial del Banco Agrario, el consorcio Navelena donde Odebrecht es socio mayoritario logró que aumentaran el préstamo de 100 mil millones a 120 mil millones.

“Les adjunto correo del cliente en el cual incluye flujo actualizado del proyecto Navelena S. A. S., a septiembre de 2015 y proyectado a diciembre 2016, el cual implica el incremento del crédito a 120.000 millones de pesos” (El Tiempo).

Con este correo y unos soportes a través de Suzana Tavares Santos Tessinari, funcionaria del área de inversiones de Odebrecht se logró la ampliación del préstamo siendo esta la primera inconsistencia.

La segunda es que Navelena pidió el crédito en modalidad inversión, lo que en esta figura limitaría el destino del dinero, sin embargo la empresa recibió los recursos bajo la modalidad de capital de trabajo, lo que le permitió usarla para pagar compromisos en otros bancos.

En esta inconsistencia está involucrada el área de la vicepresidencia de crédito del Banco Agrario, en ese momento a cargo de Gloria Marcela Ferrán.

La tercera inconsistencia es que le otorgaron a Navelena una tasa del DTF más dos, reservada para clientes que tienen otros servicios.

La cuarta inconsistencia y mas grave, es que a pesar de que la junta directiva del banco había advertido, nadie dejó estipulado que el dinero que se consignó como garantía en una fiducia tenia como destinación única, respaldar el desembolso. Además, tampoco se estipuló que la garantía solo se haría efectiva cuando se cumpliera el plazo del crédito a un año.

Esta omisión o error, tiene al Banco Agrario en discusiones con la fiducia, la cual afirma que se entregará el dinero de la garantía pero cuando se logre el cierre financiero del proyecto o que el Gobierno suspenda el contrato.

Fuente El Tiempo

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