Un juez estadounidense ha invalidado los resultados de una venta de concesiones de petróleo y gas en el Golfo de México realizada por el gobierno de Biden a finales del año pasado por no haber tenido en cuenta el impacto del cambio climático.
Los grupos ecologistas celebraron la decisión como una victoria fundamental en la lucha por defender a las comunidades del Golfo y al planeta del empeoramiento de la crisis climática.
Celebrada en noviembre de 2021, la Venta de Arrendamientos 257 fue la mayor venta de petróleo y gas en alta mar de la historia de EE.UU., ofreciendo 80,8 millones de acres en el Golfo de México para su arrendamiento. Generó más de 191 millones de dólares en ofertas elevadas para 308 tramos que cubren 1,7 millones de acres. Un total de 33 empresas participaron en la venta de arrendamientos.
La venta de arrendamientos fue impugnada por el grupo ambientalista Earthjustice en nombre de Healthy Gulf, Center for Biological Diversity, Sierra Club y Friends of the Earth, alegando que los acusados federales violaron la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) y la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). La demanda argumentaba que el análisis ambiental de 2017 en el que se basó la administración Biden para realizar la venta es «fatalmente defectuoso.»
«La venta no solo era contraria a la promesa de la administración de reducir las emisiones de carbono entre un 50% y un 52% para 2030 y cumplir con nuestros compromisos climáticos, sino que es ilegal y se basa en un análisis medioambiental previamente desacreditado», dijo Earthjustice.
En la decisión, el juez Rudolph Contreras del Tribunal de Distrito de EE.UU. del Distrito de Columbia anuló y devolvió la venta de arrendamiento 257 de la Oficina de Gestión de la Energía Oceánica. El tribunal considera que la BOEM actuó de forma arbitraria al excluir el consumo exterior de su análisis de emisiones.
Según los ecologistas, el tribunal sostiene que el Departamento de Interior no reveló ni tuvo en cuenta con exactitud las emisiones de gases de efecto invernadero que se derivarían de la venta de arrendamiento, violando una ley medioambiental fundamental.
En respuesta a la decisión del tribunal, los grupos ecologistas dijeron que la decisión responsabiliza a Interior por subestimar gravemente los impactos climáticos y los riesgos para las comunidades del Golfo antes de decidir la mayor venta de arrendamiento de petróleo y gas de la historia de Estados Unidos. Este fallo garantiza que las aguas y las costas estarán protegidas de nuevas perforaciones perjudiciales y eventuales vertidos en el Golfo, donde la industria de los combustibles fósiles ya cuenta con 8 millones de acres de arrendamientos en aguas públicas.
El abogado principal de Earthjustice, Brettny Hardy, declaró: «Sencillamente, no podemos seguir invirtiendo en la industria de los combustibles fósiles en detrimento de nuestras comunidades y del creciente calentamiento del planeta. Esta administración debe estar a la altura de este momento crítico y cumplir las promesas de campaña que hizo el presidente Biden deteniendo el arrendamiento en alta mar de una vez por todas».
Cynthia Sarthou, directora ejecutiva de Healthy Gulf, comentó: «Hoy podemos esperar el día en que dejemos de vender nuestras aguas públicas por centavos de dólar cuando una transición justa hacia un futuro de energía limpia es fundamental para nuestra propia supervivencia. Ahora, el Golfo puede verse como un campo viable para la energía eólica marina que impulsará nuestro futuro».
Hallie Templeton, directora jurídica de Amigos de la Tierra, subrayó que la decisión del tribunal es victoriosa, pero la lucha aún no ha terminado. Templeton también señaló que los grupos seguirán exigiendo responsabilidades al gobierno de Biden por tomar «decisiones ilegales» que contradicen su promesa de tomar medidas urgentes contra el cambio climático.
Mientras tanto, la industria del petróleo y el gas está decepcionada con la decisión. Como informó Reuters, el presidente de la Asociación Nacional de Industrias Oceánicas (NOIA), Erik Milito, dijo que la incertidumbre en torno al futuro de las perforaciones en alta mar en las aguas de Estados Unidos sólo podría reforzar la influencia geopolítica de las naciones más emisoras -y adversarias-, como Rusia.
