La reciente resolución del gobierno destinada a regular la pesca incidental de tiburones en Colombia ha generado un intenso debate, atrayendo críticas de ambientalistas y suscitando preocupaciones sobre el destino de las especies amenazadas. Sin embargo, el gobierno colombiano argumenta la conservación de la pesca artesanal tradicional, generando controversia en torno a la regulación de la pesca de tiburones en Colombia.
Erika López, guardiana de la Isla de Malpelo y directora de la Fundación para la Conservación de la Biodiversidad, se opone vehementemente a la resolución, calificándola como un «retroceso». Advierte que tales medidas ponen en peligro la supervivencia de especies amenazadas, generando sentimientos de otros ambientalistas que expresan alarma sobre las posibles consecuencias para la biodiversidad.
La resolución, presentada por el gobierno como un medio para trazar un camino para la pesca de tiburones, ha sido recibida con escepticismo. Los críticos argumentan que no aborda los problemas subyacentes y, en cambio, corre el riesgo de exacerbar las amenazas que enfrenta la vida marina.
La controversia radica en que si bien los pescadores artesanales y las comunidades costeras tradicionalmente han considerado diferentes tipos de tiburón como alimento, la «captura incidental» -contraria a la pesca dirigida- abre la puerta a a la interpretación de la realidad de la práctica y finalmente, es muy difícil de controlar. Adicionalmente, existen especies de tiburones en via de extinción que son cazados ilegalmente por estos pescadores artesanales, no para consumo, sino para el tráfico de sus aletas al continente asiático.
Si bien el gobierno sostiene que permitir la pesca incidental de tiburones beneficiará a las comunidades costeras que dependen del consumo de tiburones, López disputa esta afirmación. Argumenta que la medida hace poco para mejorar la situación de las comunidades pesqueras y, en cambio, representa una amenaza significativa para los ecosistemas marinos, especialmente en las aguas biodiversas alrededor de la Isla de Malpelo.
Las preocupaciones de López son compartidas por otros activistas que temen que la resolución solo sirva para exacerbar los desafíos en curso que enfrentan los esfuerzos de conservación marina. Destacan el potencial para un aumento en el tráfico ilegal de aletas de tiburón y enfatizan la necesidad de medidas de aplicación más fuertes para proteger especies vulnerables.
La controversia en torno a la regulación de la pesca de tiburones subraya desafíos más amplios que enfrentan los esfuerzos de conservación marina, los derechos de los pescadores artesanales tradicionales y el lucrativo tráfico ilegal de aletas de tiburón en Colombia. Sirve como un llamado a la acción para que el gobierno colombiano involucre a las partes interesadas en el océano para definir el camino hacia una política pesquera más inclusiva.
Fuentes: El País, El Espectador, El Tiempo, Aunap
