Más que una aleta de tiburón, lo que pasa es que en Colombia es que tenemos inconsciencia oceánica y marítima. Externamente, estamos rezagados en cuanto a ratificación de convenciones de la OMI (Organización Marítima Internacional) y mucho mayor es el rezago en la formulación de una estructura de conservación, prevención y vigilancia de nuestros océanos. La falta de un Ministerio que ampare todo el espectro marítimo impide que podamos tener y ejecutar una clara política de océanos y marítima en Colombia. Los acontecimientos en los océanos son procesos conjuntos y dependientes, por lo que requiere una administración desde una perspeciva holística pero centralizada. En este caso, múltiples dependencias del gobierno se encargaron de esta polémica.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Sostenible nos renueva la Resolución 350 de 2019 donde pacta unas cuotas de pesca de especies marinas. Esencialmente, actualiza una cuota de pesca artesanal del Tiburón zorro (Alopias superciliosus) encontrado en el apéndice II de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES), un acuerdo internacional entre gobiernos que busca garantizar que “el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no amenace su supervivencia”.
Colombia no cuenta con la capacidad de controlar los barcos que vienen de otros países a pescar indiscriminadamente en el territorio nacional, pero sí, establece una cuota de la pesca artesanal interna? Se considera primordial inicialmente, conocer, y proteger el recurso para proceder a estudiar, administrar y explotarlo en el caso de agregar valor a la colectividad.
Colombia no tiene la capacidad instalada para controlar la trazabilidad y las cuotas de pesca en sus mares. Por consiguiente, la cuota solo está escrita en una resolución. Adicionalmente, la resolución establece que la cuota de peso se mide llegando con la aleta en el animal al puerto. Un proceso exageradamente complejo para controlar por parte del ente controlador e ineficiente para los pescadores y, por ende, la sencillez para trasgredir la resolución.
Finalmente, más que las alarmas por la conservación de una especie de tiburón, lo que seguimos viendo es el vacío en la conciencia marítima de Colombia, que lleva a regular sin fundamentos sobre un recurso de nuestra biodiversidad para el desarrollo económico de individuos. Disponemos inconscientemente de lo que es de todos pero es de nadie a la vez.
El que estudia nuestros océanos es INVEMAR (instituto de investigaciones Marinas y Costeras) pero el que regula es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Sostenible, el que ejerce soberanía es la Cancillería y el que controla es la Armada Nacional. Demasiadas dependencias distintas para un fin común.
En esta entrega, un ministerio extraño a la biodiversidad y recursos naturales en el territorio nacional establece cuotas bajo una proporción global para el «aprovechamiento» del recurso. Es decir, el beneficio individual de un recurso que no es de nadie y que se debe proteger. Carecemos de un estudio y una estadística propia de volúmenes poblacionales visibles, lo cual, simplemente basa el incremento de las cuotas de a las de la pesca global y argumentando que su existencia radica desde el 2010.
Teniendo en cuenta que la resolución 350 incluye especies protegidas por el asedio de humano y especialmente cotizadas por barcos de pesca extranjeros que entran a nuestras aguas a depurar la biodiversidad marina sin ningún tipo de control.
A qué órgano le recaería hacer el control de la cuota de arrastre? cómo se asegurará la pesca legal de lo ilegal si nisiquiera podemos defender la soberanía en nuestro territorio costa afuera del continental, tales cómo es Malpelo, San Andres, Providencia y Santa Catalina? Si no tenemos la forma de controlarlo, lo más sensato es no permitirlo. Inicial se debe visualizar con transparencia las estadísticas de los volúmenes poblacionales de las especies y el calculo de la cuota de pesca establecido.
