APM Terminals ha presentado una demanda contra el empresario español y ex propietario de Grup Maritim TCB, Ángel Pérez Maura. La compañía busca compensación luego de enredarse en un caso de corrupción en Guatemala. Este escándalo de corrupción involucra la concesión de la Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ), filial en Guatemala del Grup TCB. Según las autoridades TCB habría presuntamente pagado 30 millones de dólares a diversos políticos guatemáltecos para favorecer la concesión.
Por cortesía de Diario Digital de Guetamala, les traemos la información en detalle del caso que conmocionó la política guatemálteca con la detención de su expresidente y de más de 15 políticos, empresarios, y líderes de los estibadores a los que se acusa de diversos delitos.
«Cabezas de la corrupción
El principal involucrado es el expresidente de Guatemanla Otto Fernando Pérez Molina, siendo el lider de la estructura. Facilitó el negocio entre el gobierno y la empresa española TCQ para conseguir un beneficio economico directo. También intervino en la entrega de los terrenos que ahora TCQ ocupa en la EPQ. Delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo (soborno), lavado de dinero u otros activos y fraude.
Ingrid Roxana Baldetti Elías, lider de la estructura. Delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo (soborno), lavado de dinero u otros activos y fraude.
Empresa Portuaria Quetzal
Angel Pérez-Maura García, director de Group Maritim TCB, la terminal española. Delitos: asociación ilícita, fraude y soborno.
Este personaje es el individuo al que APM Terminals demanda y quien a su vez demandó a APM Terminals recientemente.
Allan Herbert Marroquín Castillo, exinterventor de EPQ. Delitos: Asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
William Anthony Shwack López, se encargaba de la asesoría en materia portuaria, administración pública y el analisis de resultados.
Julio Rolando Sandoval Cano, ex subinterventor de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), sugerido por Baldetti.
Juan José Suárez Messeguer, Director de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). Mantenía contacto con Pérez Molina, el PGN y con Marroquín Castillo para que no hubiera sorpresas. Delitos: Asociación ilícita, fraude y cohecho activo.
Colaterales
Juan Carlos Monzón Rojas, intermediario entre TCB y el gobierno de Guatemala. ex secretario privado de Baldetti. Delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado.
Guillermo Abraham Lozano Bauer, piloto de Baldetti e intermediario con TCQ.
Gustavo Adolfo Martínez Luna, ex secretario General de la Presidencia. Intermediario en el pago a instituciones para que dieran dictamen favorable al proyecto. Delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
Mauricio José Garín, encargado del plan de pagos a los colaboradores de la red. Delitos: asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
Jonathan Harry Chevez, testaferro y administrador de los bienes de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Ayudó a lavar el dinero ilícito que estos recibieron del contrato en su empresa COPISA. Delitos: Asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos.
Lázaro Noe Reyes Matta, lider sindical de la EPQ. Delitos: enriquecimiento ilícito.
Julio Nolberto Esquivel Orellana, dirigente sindical de la EPQ. Delitos: Enriquecimiento ilícito.
Instituciones
Vladimir Aguilar, magistrado de la Corte de Apelaciones, y ex Procurador General de la Nación (PGN). Habría emitido dictamenes favorables del contrato con TCQ a cambio de soborno. (Sin delitos)
José Daniel Luna Argueta, Secretario del Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Escuintla. Acordó con Monzón y Ruano que el Juzgado resolviera a favor de TCQ para no pagar la licencia de construcción de Q24 millones. Recibió a cambió Q50 mil. Delitos: cohecho pasivo.
Douglas René Charchal Ramos, Magistrado Vocal V de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Delitos: Tráfico de influencias.
Mario Ruano San José, colaborador en la CSJ para obtener sentencia favorable de TCQ y asistente del Magistrado Charchal. Delitos: Tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
La Contraloría General de Cuentas, quien por entonces dirigía el ente fiscalizador era Nora Segura. (No es nombrada directamente, pero ocupó el puesto de Contralora al inicio de la administración de Otto Pérez).»
Fuente: ShippingWatch, PuertosyNavieras, DiarioDigital
