Según reportaje de Daniela Quintero Díaz para El Espectador: Los pescadores artesanales del norte del Pacífico chocoano, en los municipios de Juradó y Bahía Solano, han enfrentado una lucha que se extiende por más de tres décadas para proteger sus recursos marinos y asegurar su subsistencia. Desde los años 90, cuando la pesca industrial de atún y camarón comenzó a expandirse cerca de sus costas, las comunidades locales empezaron a notar la disminución de los recursos pesqueros de los que dependen para su alimentación y sustento económico. Ante esta situación, iniciaron un largo camino en busca de la creación de una Zona Exclusiva de Pesca Artesanal (ZEPA), la primera de su tipo en Colombia, que limitaría la pesca industrial en sus aguas y favorecería la sostenibilidad de los ecosistemas marinos.
El objetivo principal de la ZEPA es prohibir o restringir ciertos tipos de pesca, como la pesca industrial, y limitar el uso de equipos que puedan dañar los recursos pesqueros a largo plazo. Esto no solo busca proteger los medios de vida de los pescadores artesanales, sino también garantizar la conservación de los ecosistemas marinos que sostienen a las comunidades locales. A pesar de los avances, este proceso ha estado lleno de obstáculos, incluyendo negociaciones complicadas, fallos judiciales y la falta de cumplimiento por parte de las autoridades.
A lo largo de los años, las comunidades han recurrido a diversas estrategias para conseguir la ampliación de la ZEPA. En 2012, ante la falta de avances significativos y el continuo impacto de la pesca industrial en la zona, presentaron una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Argumentaron que sus derechos colectivos estaban siendo vulnerados, ya que la pesca industrial no solo afectaba los ecosistemas marinos, sino que amenazaba directamente su sustento y estilo de vida. En 2019, el tribunal falló a favor de las comunidades, reconociendo que los derechos al goce de un ambiente sano y al aprovechamiento racional de los recursos estaban siendo vulnerados.
El fallo del tribunal exigía a las entidades estatales, entre ellas la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), tomar medidas concretas para delimitar y ampliar la ZEPA, algo que, según el fallo, no se había hecho de manera adecuada hasta ese momento. El Consejo de Estado ratificó esta decisión en 2020, señalando que la pesca industrial no aportaba beneficios económicos a las comunidades locales y que las autoridades estatales habían sido negligentes en proteger los recursos pesqueros de la región.
Sin embargo, a pesar de estas victorias judiciales, las comunidades siguen enfrentando demoras en la implementación de la ampliación de la ZEPA. Durante los últimos tres años, se llevaron a cabo mesas de diálogo interinstitucionales entre representantes del gobierno, pescadores artesanales, industriales, ONG y la academia, con el fin de llegar a un acuerdo definitivo sobre la ampliación de la ZEPA. En estas mesas se acordó que la directora de la Aunap, Karen Mejía, firmaría una resolución para formalizar la ampliación. No obstante, la firma que estaba prevista para el 31 de julio de 2024 nunca llegó.
El retraso se debió a que la Aunap decidió reabrir el espacio para escuchar al sector industrial, particularmente a los armadores de la pesca de camarón, quienes argumentan que no se les ha tenido en cuenta de manera adecuada durante el proceso. Aunque las comunidades y otros actores consideran que el sector industrial fue parte de las negociaciones desde el principio, la Aunap optó por atender las inquietudes de este grupo, lo que ha causado más demoras. La directora de la Aunap argumentó que es necesario tener en cuenta los puntos de vista de todas las partes antes de tomar una decisión definitiva.
Este cambio de rumbo ha generado frustración entre los pescadores artesanales y sus aliados, quienes temen que los avances logrados hasta ahora se vean comprometidos. A pesar de que el proceso para la ampliación de la ZEPA parecía estar completo, las nuevas consultas con el sector industrial han reabierto la discusión, lo que ha pospuesto una vez más la firma de la resolución. Las comunidades temen que esto pueda revertir años de trabajo, negociaciones y fallos judiciales favorables.
La situación actual deja en el aire el futuro de la ZEPA. Las comunidades esperan que la Aunap respete los acuerdos previos y actúe con transparencia para garantizar la pronta adopción de la resolución. Sin embargo, el hecho de que se haya ampliado el plazo para recibir comentarios hasta octubre de 2024 genera incertidumbre sobre cuándo finalmente se concretará la ampliación. Mientras tanto, los pescadores artesanales continúan enfrentando los desafíos que la pesca industrial impone a sus medios de vida, con la esperanza de que se respeten sus derechos y se implemente una solución que beneficie tanto a las comunidades como al medio ambiente.
Fuente: El Espectador
