Según investigación del Espectador, se encontraron graves vacíos en el ordenamiento de pesca en Colombia, principalmente la de las Islas de Caribe Colombiano que choca con el ordenamiento de las Areas protegidas. Esta crisis sale a relumbrar a causa de la detención de una embarcación que estaba realizando pesca industrial de langosta en una zona altamente protegida de la reserva de la Biosfera de Seaflower en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
La langosta, se ha convertido en el principal producto de exportación por San Andrés y por ende, su pesca resulta muy atractiva para pescadores ilegales, industriales y artesanales nacionales y extranjeros.
Inicialmente cabe destacar los métodos de pesca, zonas en tensión y actividades de pesca. Al igual que, los tipos de uso de las zonas marinas:
Los Hechos
A escasos días del inicio de la temporada de pesca de langostas en el país que va desde el 1ero de Julio hasta el 28 de febrero. Un barco pesquero (Lucky Lady) de bandera Hondureña, fue interceptado por las autoridades colombianas en la zona de Quitasueño, parte del Area Marina Protegida (AMP) Seaflower.
Según la Armada
la embarcación Lucky Lady que había pertenecido durante años a la flota de pesca de langostas en Colombia estaba lanzando nasas (artes de pesca especiales para capturar langostas) en una zona de conservación (NO TAKE); dónde es prohibida la extracción de recursos.
Aseguran que la Lucky Lady habría zarpado el 28 de Junio desde Honduras. Con una navegación directa, sin tormenta habrían llegado a San Andrés el día 30 de Junio. En el caso de haberse retrasado por una tormenta, se hubieran quedado allá, Asegura la Armada.
Ahora bien, en la zona de Quitasueño, al norte de Providencia, no hubo ráfagas de viento alto, ni mar elevado careciendo de condiciones que requieran una maniobra de seguridad, asienta el capitán de navío Gutiérrez.
Adicionalmente, la Armada reporta inconsistencias al realizar el primer contacto con el capitán del Lucky Lady -de origen Hondureño- quien aseguró estar lanzando nasas al agua, previo a regresar a puerto en Honduras a recargar material y luego dirigirse a San Andrés. No obstante, para poder pescar en aguas del archipiélago se debe haber zarpado de San Andrés con un permiso de la Autoridad marítima. «No tenían permiso de operación e hizo actividades de pesca en áreas de reserva o zonas prohibidas» asegura el capitán de navío Octavio Gutiérrez, jefe de Estado Mayor del Comando Específico de San Andrés y Providencia.
La Armada, al evidenciar por lo menos dos delitos, escolta al barco y a su tripulación hasta San Andrés donde se ponen a disposición de la Jueza Wendy Corpus.
Declaraciones del Capitán
En la declaraciones a la Jueza Wendy Corpus, el capitán, asegura que iba en tránsito a San Andrés y que con una maniobra de emergencia por la tormenta bonnie, habrían tirado las nasas al agua. Las nasas, se encontraron amarradas, con carnada y con sus boyas para marcar las ubicaciones de pesca.
Decisión de la Jueza
Luego de escuchar las versiones, la jueza Wendy Corpus, ordena la liberación del capitán, la devolución del barco y las artes de pesca. El Espectador, intenta comunicarse con la funcionaria Judicial para conocer detalles de la polémica decisión pero no obtiene respuesta.
Organizaciones de pescadores
La decisión no fue bien recibida por las Organizaciones de Pescadores, cómo Edgar Jay, representante de la Federación de Pescadores de Providencia y Santa Catalina, quien expuso la presunta violación de varios decretos, acuerdos y normativas alrededor la pesca de langosta.
La presencia de barcos industriales en áreas que, según el ordenamiento ambiental, están prohibidas para este tipo de actividades, aseguran que han sido constante las denuncias por pescadores artesanales, argumentando que violan la normativa establecida en el Acuerdo 003 de 2019, de la Junta Departamental de Pesca y Agricultura. Este documento ha sido el principal punto de discordia. Para las Organizaciones de pescadores, la presencia de barcos de pesca industrial amenaza su seguridad alimenticia y la permanencia del recurso.
Autoridad Ambiental y la Secretaría de Pesca
Aseguran que siguen avanzando en la investigación para ver si interponen sanciones.
La Procuraduría
Según Gustavo Guerrero, delegado de asuntos Ambientales de la Procuraduría, «Hay una falta de correspondencia entre la decisión de la Haya, las decisiones de ordenamiento pesquero y el ordenamiento de las áreas protegidas del archipiélago» teniendo en cuenta que tras el fallo de la Haya, Colombia y su industria pesquera perdieron el área de Luna Verde, conocido cómo el más importante para la pesca de este crustáceo.
Corporación para el desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina)
Coralina es el ente a cargo de la zonificación del Area Marína Protegida (AMP), la más grande del país, según Nacor Bolaños, coordinador de Areas Protegidas de Coralina. «Es un área de uso múltiple, pero tiene una reglamentación de uso para las diferentes zonas desde el año 2005.
En la zona de Serrana y Quitasueño, por ejemplo, la pesca industríal está prohíbida, sin embargo las empresas que cuentan con patentes y permisos para la pesca industrial, han faenado allí durante años, asegura el Espectador.
Empresa de Pesca Antillana
«Hemos pescado en esas zonas en el 2019, 2020, 2021, y ahora en el 2022, nos vienen a decir que en esa zona no está permitida la pesca industrial. Justo cuando el fallo de la Haya termina de limitarnos el acceso a la zona de pesca de langosta más rica de todo el caribe». Asienta Eric Thiriez, gerente general de Antillana. Empresa colombiana que cuenta con la flota más grande de pesca industrial de langostas en la zona (6 barcos).
Adicionalmente, la empresa de pesca Antillana, cuenta con un acuerdo con la embarcación Lucky Lady, a la que le compra el producto y la cual hizo parte de su flota hace algunos años.
«Antes del fallo, el 75% del esfuerzo pesquero se hacía en Luna Verde. Pero eso no excluía a Quitasueño ni Serranílla, ahora ante esa imposibilidad de llegar a Luna Verde, se hace la operación principalmente en Quitasueño.»
Otro detalle
A diferencia de cómo se trabaja en el resto del país, en el archipiélago, la Junta Departamental de Pesca y Agricultura (Jundepesca) es la autoridad que se encarga de gestionar y organizar las zonas de pesca.
Jundepesca es un grupo colegiado interdisciplinario que reúne a:
- la Gobernación del Archipiélago
- la Secretaría Distrital de Pesca y Agricultura
- la Capitanía del Puerto
- Coralina
- Representantes de pescadores Artesanales de San Andrés y de Providencia
- Representante de pescadores Industriales (entre otros)
En el 2019, Jundepesca respaldó con el Acuerdo 003 la última zonificación del área protegida propuesta por Coralina, en la que se excluye Quitasueño cómo área de pesca industrial. Ahora bien, los directivos de la empresa Antillana, que pescan cerca de 60 toneladas de las 140 total de la cuota establecida en el Archipiélago aseguran que «nunca participaron de espacios de socialización ni de aprobación del acuerdo»
Asegura el gerente de Antillana que «hemos solicitado la revocatoria del Acuerdo 003 de 2019, por que el procedimiento que se adelantó para implementar esa zonificación no se hizo como lo establecen los mismos estatutos de la Junta Departamental de Pesca. Es una reglamentación que no conocíamos y por la que nos vimos seriamente afectados»
Según un delegado de la Procuraduría, ante el fallo de la Haya, y la vigencia del Acuerdo 003 de 2019 «No existe entonces un área para la actividad pesquera industrial, por lo que se hace necesaria una actualización del ordenamiento».
Lastimosamente, en Colombia, no se puede monitorear públicamente la presencia de barcos pesqueros en zonas altamente protegidas cómo Malpelo o el Archipiélago de San Andrés por diversos factores. Los barcos apagan sus sistemas de posicionamiento global GPS y la localización satelital de las embarcaciones solo está disponible para las empresas y el Estado.
Finalmente, tener tantos grupos de interés inmersos en una actividad de explotación de recursos y tantas dependencias encargadas de diferentes labores, complican la interacción, ejecución y control de acuerdos entre las partes. Es por esto que todo lo que compete a la industria pesquera y coordinar su cumplimiento debe estar bajo la sombrilla de un ministerio del mar que sea el máximo ente para dichas actividades
Fuente: El Espectador
